El conflicto por el Tren Maya en México
El Tren Maya es un proyecto del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y consta de un tendido férreo de 1.500 km a través de 5 estados del sureste mexicano: Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Campeche. Desde la mirada de los defensores del proyecto el Tren Maya permitirá unir sitios de interés arqueológico y cultural y reactivar el turismo y la economía en la región. Por otro lado, la traza del tren atraviesa territorios comunales de pueblos originarios generando una primera fuente de conflicto, que se complementa con los reclamos ante la pérdida de superficie de selva, incluso en áreas de reserva de biosfera. En noviembre de 2018, se realizó una consulta pública en la cual el proyecto del Tren Maya resultó aprobado por más del 80 por ciento de los 950 mil electores que se presentaron a la consulta. Este resultado no es suficiente para acallar las críticas de las comunidades indígenas que no se sienten consideradas en el proyecto que avanzará sobre sus territorios y cultura ancestral.
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La minería de carbón en Australia
La minería del carbón es una actividad tradicional en el sur de Australia, que le ha permitido a este país aprovechar el uso energético del mineral y ser un importante exportados a nivel mundial No obstante, durante los últimos años el rechazo a este tipo de minería se ha incrementado, al mismo tiempo que crecieron las voces contra la producción energética en base a este material. Es que la quema de carbón en la generación de energía es una actividad de peso importante en la liberación de gases de invernadero. De esta manera, diversos actores sociales – comunidades, partidos verdes, ONGs y académicos -han logrado generan un consenso anti-carbón que logró que el gobierno central revise algunos contratos con empresas mineras. De igual manera, el conflicto no está cerrado y el sector carbonífero continúa siendo una fuente importante de ingresos para el país.
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Conflicto por las fumigaciones aéreas en Entre Ríos
Entre Ríos es una provincia que desde hace más de dos décadas es testigo de las fumigaciones aéreas vinculadas con los monocultivos agroindustriales. Durante los últimos años comenzaron a multiplicarse las experiencias de organización para denunciar los efectos nocivos que los agrotóxicos provocan en la salud y el ambiente y promover legislación que prohibiera o limitare las fumigaciones aéreas o terrestres. En este marco, en 2018 un colectivo de asambleas ciudadanas presentó un recurso de amparo para solicitar la prohibición de las fumigaciones aéreas en inmediaciones de establecimientos educativos, logrando un fallo que concedió la prohibición dentro de un radio de 3 mil metros para las fumigaciones aéreas y mil metros para las terrestres. Sin embargo, dos meses después un decreto del poder ejecutivo de la provincia buscó disminuir los límites impuestos con el fallo ante la presión de los empresarios del agro en la provincia. Nuevamente, las asambleas ambientales debieron recurrir a la Suprema Corte de Justicia entrerriana que anuló el decreto y estableció nuevamente los valores impuestos. Sin embargo, es un conflicto abierto, y el cumplimiento de este tipo de normativas impone desafíos al control del Estado y de la comunidad local.
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