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Síntesis temática
Uno de los casos de más visibilidad y mayor peso en la construcción de una agenda nacional sobre las cuestiones ambientales ha sido el conflicto por el “No a las Papeleras” en Gualeguaychú (Merlinsky, 2013)). Más allá de que es un conflicto ambiental muy conocido, y que pueda resultar “poco novedoso” para algunxs docentes y estudiantes, continúa siendo un fenómeno de interés por los múltiples abordajes que permite.
El conflicto se inició hacia el 2003 cuando llegaron a Gualeguaychú las primeras voces de ambientalistas uruguayxs que alertaron sobre el proyecto de un polo pastero, es decir un conjunto de plantas de procesamiento de celulosa que se instalarían en el departamento uruguayo de Fray Bentos en una área que el Estado de ese país había declarado como Zona Franca. Rápidamente se construyeron las primeras redes entre ciudadanxs de ambos países que se oponían a estos emprendimientos extractivistas, de uso intensivo de madera, suelo y agua del rio Uruguay.
Las reuniones, el aprendizaje, la difusión y las diferentes formas de visibilizar la amenaza que representaban las pasteras desde la mirada de los vecinxos permitieron un crecimiento muy importante de la participación social, y en definitiva, del conflicto. En abril del 2005, la gran marcha sobre el puente General San Martín que une las ciudades limítrofes de Gualeguaychú y Fray Bentos reunió entre 35 y 40 mil personas, constituyendo un hito de movilización en un conflicto ambiental (Merlinsky, 2016). A las movilizaciones se sumaron otras formas de acción colectiva, como caravanas náuticas, charlas informativas y cortes de la ruta 136, en Arroyo Verde, camino a la frontera en Gualeguaychú y en otros pasos transfronterizos de Entre Ríos. Para el año 2015, el 72% de lxs ciudadanxs de Gualeguaychú había participado de alguna manera en el conflicto contra la instalación y funcionamiento de las pasteras. (Estrella, 2016).
La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (ACAG) que se conformó como una entidad intermedia con representación institucional pero que sostuvo la toma de decisiones mediante asambleas abiertas, es el actor protagonista del conflicto, aún con una gran diversidad de miradas al interior del movimiento. Las proclamas, documentos que fueron presentados cada año luego de la Marcha de abril al Puente San Martín, como así también, los diferentes volantes y afiches, funcionaron como dispositivos de educación ambiental para la comunidad de Gualeguaychú.
Otro aspecto relevante del conflicto ha sido la capacidad del movimiento ambiental de inscribirlo en diferentes escalas: local, provincial y nacional. Al mismo tiempo, las instancias de reclamo hacia el Estado Nacional impulsaron un reclamo sin precedentes en la escala global, a partir de la demanda de Argentina al Estado uruguayo por la violación del Tratado del rio Uruguay, suscrito por ambos países en 1975 y que tiene como autoridad de aplicación a la Corte Internacional de Justicia con asiento en La Haya, El juicio colocó el conflicto en primera plana internacional, mientras tanto la ACAG sostenía un corte ininterrumpido en Arroyo Verde, donde se realizaban jornadas con asistencia permanente de vecinxs involucrados en la asamblea y adherentes de diferentes puntos del país.
En 2007, el fallo de la Corte de La Haya fue parcialmente adverso, si por un lado reconoció que Uruguay debió haber consultado a Argentina sobre el proyecto de implantación de las pasteras, la corte no reconoció suficientes pruebas de la posibilidad del daño irreversible al rio por la actividad de la fábrica. Si bien la empresa ENCE, de capitales españoles, había abandonado el proyecto frente a la importante conflictividad, la pastera Botnia, de origen finlandés, inició sus operaciones en noviembre de 2007.
El revés del funcionamiento de Botnia, no significó el fin del conflicto, sino un cambio de etapa. El corte de ruta en Arroyo Verde continuó aún después del inicio de las operaciones en Botnia, y fue levantado luego de largas discusiones asamblearias. Hasta 2016, el conflicto se sostuvo a partir de dos eventos anuales, la marcha al puente y el grito blanco, una jornada pública en la que lxs niñxs y jóvenes participan con sus escuelas de una marcha en la ciudad y de la muestra de trabajos vinculados a la cuestión ambiental. (Estrella, 2016).
A parir de 2017, comenzaron a aparecer nuevos proyectos de plantas de celulosa cercanas a Botnia, mientras que a su vez, la legislatura provincial derogó la Ley de la Madera, un logro de la ACAG en 2007 que prohibía que la provincia de Entre Ríos exporte madera para ser usada en Botnia. Estos cambios de escenario sostienen la vigencia del conflicto y el tradicional eslogan de “Fuera Botnia”, es ahora reemplazado por “¡Ni Una!” en rechazo tanto a Botnia como a cualquier otro proyecto extractivo sobre el rio Uruguay.
Bibliografía:
Estrella, M (2016)Estrella, M (2016) “Conflictos ambientales y formación ciudadana: las concepciones sobre ambiente y participación social en Gualeguaychú después del conflicto ambiental por la instalación y el funcionamiento de Botnia-UPM” Trabajo Final de Especialización. Buenos Aires: UNQ-UNLu.
Merlinsky, G (2013) (Compiladora) Cartografías del conflicto ambiental en Argentina. Buenos Aires: CICCUS- CLACSO.
Merlinsky, G (2016) “Conflictos ambientales y arenas públicas de deliberación en torno a la cuestión ambiental en Argentina”. En Ambiente & Sociedade. São Paulo v. XX, n. 2
El conflicto se inició hacia el 2003 cuando llegaron a Gualeguaychú las primeras voces de ambientalistas uruguayxs que alertaron sobre el proyecto de un polo pastero, es decir un conjunto de plantas de procesamiento de celulosa que se instalarían en el departamento uruguayo de Fray Bentos en una área que el Estado de ese país había declarado como Zona Franca. Rápidamente se construyeron las primeras redes entre ciudadanxs de ambos países que se oponían a estos emprendimientos extractivistas, de uso intensivo de madera, suelo y agua del rio Uruguay.
Las reuniones, el aprendizaje, la difusión y las diferentes formas de visibilizar la amenaza que representaban las pasteras desde la mirada de los vecinxos permitieron un crecimiento muy importante de la participación social, y en definitiva, del conflicto. En abril del 2005, la gran marcha sobre el puente General San Martín que une las ciudades limítrofes de Gualeguaychú y Fray Bentos reunió entre 35 y 40 mil personas, constituyendo un hito de movilización en un conflicto ambiental (Merlinsky, 2016). A las movilizaciones se sumaron otras formas de acción colectiva, como caravanas náuticas, charlas informativas y cortes de la ruta 136, en Arroyo Verde, camino a la frontera en Gualeguaychú y en otros pasos transfronterizos de Entre Ríos. Para el año 2015, el 72% de lxs ciudadanxs de Gualeguaychú había participado de alguna manera en el conflicto contra la instalación y funcionamiento de las pasteras. (Estrella, 2016).
La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (ACAG) que se conformó como una entidad intermedia con representación institucional pero que sostuvo la toma de decisiones mediante asambleas abiertas, es el actor protagonista del conflicto, aún con una gran diversidad de miradas al interior del movimiento. Las proclamas, documentos que fueron presentados cada año luego de la Marcha de abril al Puente San Martín, como así también, los diferentes volantes y afiches, funcionaron como dispositivos de educación ambiental para la comunidad de Gualeguaychú.
Otro aspecto relevante del conflicto ha sido la capacidad del movimiento ambiental de inscribirlo en diferentes escalas: local, provincial y nacional. Al mismo tiempo, las instancias de reclamo hacia el Estado Nacional impulsaron un reclamo sin precedentes en la escala global, a partir de la demanda de Argentina al Estado uruguayo por la violación del Tratado del rio Uruguay, suscrito por ambos países en 1975 y que tiene como autoridad de aplicación a la Corte Internacional de Justicia con asiento en La Haya, El juicio colocó el conflicto en primera plana internacional, mientras tanto la ACAG sostenía un corte ininterrumpido en Arroyo Verde, donde se realizaban jornadas con asistencia permanente de vecinxs involucrados en la asamblea y adherentes de diferentes puntos del país.
En 2007, el fallo de la Corte de La Haya fue parcialmente adverso, si por un lado reconoció que Uruguay debió haber consultado a Argentina sobre el proyecto de implantación de las pasteras, la corte no reconoció suficientes pruebas de la posibilidad del daño irreversible al rio por la actividad de la fábrica. Si bien la empresa ENCE, de capitales españoles, había abandonado el proyecto frente a la importante conflictividad, la pastera Botnia, de origen finlandés, inició sus operaciones en noviembre de 2007.
El revés del funcionamiento de Botnia, no significó el fin del conflicto, sino un cambio de etapa. El corte de ruta en Arroyo Verde continuó aún después del inicio de las operaciones en Botnia, y fue levantado luego de largas discusiones asamblearias. Hasta 2016, el conflicto se sostuvo a partir de dos eventos anuales, la marcha al puente y el grito blanco, una jornada pública en la que lxs niñxs y jóvenes participan con sus escuelas de una marcha en la ciudad y de la muestra de trabajos vinculados a la cuestión ambiental. (Estrella, 2016).
A parir de 2017, comenzaron a aparecer nuevos proyectos de plantas de celulosa cercanas a Botnia, mientras que a su vez, la legislatura provincial derogó la Ley de la Madera, un logro de la ACAG en 2007 que prohibía que la provincia de Entre Ríos exporte madera para ser usada en Botnia. Estos cambios de escenario sostienen la vigencia del conflicto y el tradicional eslogan de “Fuera Botnia”, es ahora reemplazado por “¡Ni Una!” en rechazo tanto a Botnia como a cualquier otro proyecto extractivo sobre el rio Uruguay.
Bibliografía:
Estrella, M (2016)Estrella, M (2016) “Conflictos ambientales y formación ciudadana: las concepciones sobre ambiente y participación social en Gualeguaychú después del conflicto ambiental por la instalación y el funcionamiento de Botnia-UPM” Trabajo Final de Especialización. Buenos Aires: UNQ-UNLu.
Merlinsky, G (2013) (Compiladora) Cartografías del conflicto ambiental en Argentina. Buenos Aires: CICCUS- CLACSO.
Merlinsky, G (2016) “Conflictos ambientales y arenas públicas de deliberación en torno a la cuestión ambiental en Argentina”. En Ambiente & Sociedade. São Paulo v. XX, n. 2
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